La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el oficialismo, aprobó por unanimidad una polémica Ley de Amnistía que el gobierno presenta como un paso hacia la reconciliación nacional, pero que ha sido duramente cuestionada por organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición.
Diversos críticos advierten que se trata de una normativa “selectiva y limitada”, con exclusiones y vacíos legales que podrían dejar fuera a numerosos detenidos por razones políticas. Organizaciones como el Foro Penal han señalado que, aunque se han registrado excarcelaciones recientes, cientos de presos políticos permanecen detenidos y no todos serían beneficiados por la ley.
La normativa permite la revisión de procesos judiciales y la anulación de sentencias en un plazo determinado, lo que abre la posibilidad de nuevas liberaciones. Sin embargo, la exclusión de militares, uniformados y acusados de delitos considerados graves ha generado críticas por parte de juristas y activistas que consideran que la medida no garantiza justicia plena.
Según informes de ONG, más de 400 presos políticos han sido excarcelados desde enero, aunque todavía persiste un número significativo de detenidos en cárceles venezolanas. La ley también contempla la creación de una comisión especial para evaluar los casos que no fueron incluidos inicialmente.
La aprobación se produce en medio de presiones internacionales y llamados a liberar a todos los presos políticos. Mientras el gobierno defiende la legislación como una herramienta para la paz y el diálogo, defensores de derechos humanos sostienen que no garantiza el fin de la represión ni una transición democrática real.
Familiares de detenidos mantienen protestas y huelgas de hambre en las inmediaciones de centros penitenciarios, insistiendo en que la lucha continuará hasta lograr la liberación plena de todos los presos políticos en Venezuela.
Fuente: El mundo
