En estos días se discute una iniciativa del Partido del Trabajo que propone crear un impuesto anual para personas con patrimonios superiores a 100 millones de pesos. El mecanismo es simple en su planteamiento: se suman todos los activos —empresas, propiedades, inversiones, acciones— se restan las deudas y al resultado se le aplica una tasa progresiva cada año. No importa si esos activos generaron liquidez o no. No importa si ya pagaron impuestos cuando se formaron. La riqueza acumulada, por el simple hecho de existir, se convierte en base gravable permanente.
La narrativa es predecible: justicia social, redistribución, equilibrio. El problema es que la economía no se conmueve con discursos; responde a incentivos. Y el incentivo que aquí se diseña es casi pedagógico: si prosperas demasiado, te convertimos en contribuyente ejemplar… todos los años… sobre lo que ya construiste.
Un impuesto al patrimonio no es un ajuste técnico menor. Es un mensaje. Y el mensaje es potente: acumular capital en México tiene un costo recurrente adicional. No se grava el flujo, se grava el stock. No la ganancia nueva, sino el patrimonio que ya fue gravado antes. Es la sofisticación fiscal de la idea “si tienes, paga por tener”.
Pero aquí entra un detalle incómodo: el capital no es un mueble pesado que se queda donde lo pusieron. Es móvil, flexible y asesorado por expertos internacionales cuya especialidad consiste, precisamente, en optimizar jurisdicciones. Cuando un país eleva la incertidumbre fiscal, el capital no organiza marchas; organiza transferencias.
La consecuencia no sería una escena dramática de empresarios empacando maletas con lingotes al hombro. Sería algo más silencioso y más efectivo: nuevas inversiones que ya no se anuncian aquí, proyectos que se estructuran en otros países, cambios de residencia fiscal, reconfiguración de holdings. Un proceso técnico, elegante, perfectamente legal. Y devastador en el mediano plazo.
Porque conviene recordarlo: los grandes patrimonios no son cofres llenos de monedas. Son participaciones en empresas que pagan nóminas, contratan proveedores, desarrollan infraestructura y sostienen cadenas productivas completas. Gravar ese patrimonio como si fuera dinero inerte es ignorar que detrás de cada activo suele haber actividad económica real.
Si la intención es recaudar más, la experiencia internacional sugiere prudencia. Los impuestos al patrimonio rara vez cumplen sus promesas de ingresos espectaculares. Lo que sí generan con eficacia es planeación fiscal intensiva, relocalización y fuga gradual de capital. No es ideología; es comportamiento racional frente a incentivos.
Por eso habría que felicitar, con toda ironía, a quienes consideran que esta es la ruta correcta. Porque, si el objetivo oculto fuera estimular que los grandes capitales busquen horizontes más estables, difícilmente podría diseñarse una señal más clara. Si la meta fuera promover que tributen en otras jurisdicciones, que inviertan en otras economías y que expandan empleos fuera del país, el instrumento parece bien calibrado.
Y cuando el efecto se materialice, no será una abstracción. Menos inversión significa menos expansión empresarial. Menos expansión implica menos contratación. Menos contratación se traduce en menor dinamismo económico. La pérdida no será una cifra moral en un debate televisivo; será empleo que no se crea, innovación que no ocurre y crecimiento que se desplaza.
La desigualdad es un desafío complejo y legítimo.
Pero debilitar la base productiva no la corrige; la agrava. La prosperidad no nace de castigar la acumulación, sino de multiplicar las condiciones para que más personas puedan acumular.
Un país puede decidir gravar la riqueza. Es su facultad soberana. Lo que no puede hacer es fingir sorpresa cuando la riqueza decide buscar otro domicilio. Porque el capital, a diferencia del discurso, sí tiene la capacidad de cruzar fronteras. Y lo hace sin dramatismo, sin consignas y sin pedir permiso.
