El relator especial de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, lanzó una advertencia fuerte sobre la situación ambiental de México tras una visita de diez días al país. Su diagnóstico apunta a una realidad alarmante, con más de 50 zonas altamente contaminadas que afectan directamente la salud de miles de personas.
Entre los lugares mencionados aparecen el Alto Atoyac en Tlaxcala y Puebla, el río Sonora y zonas porcícolas de Yucatán. Según el relator, en estos territorios hay evidencia de exposición prolongada a plomo, mercurio, dioxinas y otros compuestos tóxicos que se relacionan con cáncer, abortos espontáneos, problemas neurológicos y afectaciones graves en niñas y niños.
La crítica principal no se limita a la contaminación. Orellana sostuvo que México no cuenta con una ley general robusta sobre sustancias químicas ni con reglas suficientes para controlar plaguicidas altamente peligrosos. Eso deja a comunidades enteras en una posición muy vulnerable frente a actividades industriales, agroquímicas y de manejo de residuos.
Otro punto delicado fue el señalamiento sobre la importación de residuos industriales bajo fórmulas como el coprocesamiento. El relator también cuestionó el funcionamiento del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, al considerar que no ofrece datos suficientemente eficaces ni útiles para la protección real de la población.
Aunque reconoció ciertos avances en acceso a información, también advirtió retrocesos por la pérdida de autonomía de organismos ligados a transparencia y vigilancia pública. En su visión, sin instituciones sólidas y sin coordinación entre niveles de gobierno, la protección ambiental en México seguirá siendo desigual y fragmentada.
La relevancia de esta noticia va más allá del terreno ecológico. El informe pone sobre la mesa un problema de salud pública, desigualdad territorial y derechos humanos. Lo que describe la ONU no es solo contaminación, sino un modelo donde comunidades enteras viven expuestas a riesgos permanentes sin protección legal suficiente.
