La cifra de muertos por el ataque con drones contra el hospital docente Al Deain, en Darfur Oriental, subió a 70, según Naciones Unidas. La magnitud del golpe convierte el caso en una de las peores agresiones recientes contra infraestructura sanitaria en la guerra sudanesa.
El hospital servía como centro de referencia para más de dos millones de personas y quedó fuera de operación. Esa sola información permite entender la gravedad del episodio. En conflictos prolongados, destruir o inutilizar hospitales no solo mata en el momento del ataque. También multiplica la mortalidad posterior al dejar sin atención a toda una región ya atravesada por desplazamiento, hambre y violencia.
La oficina de derechos humanos de la ONU indicó que no había evidencia suficiente para atribuir la responsabilidad definitiva a uno de los bandos, aunque precisó que el ataque ocurrió en una zona controlada por las Fuerzas de Apoyo Rápido y que tanto estas como el ejército han usado drones en ataques contra objetivos civiles que podrían constituir crímenes de guerra. Esa ambigüedad jurídica no reduce la brutalidad del hecho. La refuerza.
La guerra civil en Sudán comenzó en abril de 2023 y desde entonces ha avanzado hacia una lógica cada vez más destructiva, con miles de muertos, millones de desplazados y un colapso creciente de servicios básicos. El uso intensivo de drones marca además una nueva fase del conflicto, más precisa en apariencia, pero igual o más devastadora para la población civil.
Esta noticia es importante porque recuerda que la devastación de Sudán sigue creciendo fuera del foco principal de la atención internacional. Mientras otras guerras concentran titulares, el país acumula señales claras de catástrofe humanitaria. Y cuando un hospital que atendía a millones queda destruido, el mensaje es brutal, la guerra no solo sigue, también se vuelve más incapaz de distinguir entre combatientes y supervivientes.
