La relación económica entre México y Estados Unidos sumó un nuevo foco de tensión con la publicación del informe anual de la Representación Comercial de Estados Unidos, que vuelve a colocar a la energía como una de sus principales preocupaciones frente a México. El mensaje de Washington es que las reformas y reglas mexicanas favorecen a Pemex y a la CFE e impiden una participación efectiva de empresas estadounidenses en un sector que consideran estratégico.
El documento señala demoras frecuentes, rechazos injustificados, inacción ante solicitudes de permisos, además de suspensiones o revocaciones que afectan la capacidad de firmas privadas para operar instalaciones, importar o exportar electricidad y combustible, almacenar productos energéticos o desarrollar estaciones de servicio. Esa acusación no se queda en la queja comercial. Toca directamente capítulos del TMEC relacionados con inversión, trato no discriminatorio y papel de empresas estatales.
El conflicto tiene una raíz conocida. Desde 2018 el modelo energético mexicano volvió a centrarse en soberanía y fortalecimiento estatal, y en 2024 se consolidó una reforma que reafirmó a Pemex y CFE como ejes rectores del sector. Para el gobierno mexicano, eso no constituye monopolio, sino una defensa legítima de la nación. Para Washington, en cambio, representa una distorsión del terreno de juego para sus compañías.
El momento vuelve el asunto todavía más delicado. La revisión del TMEC ya está en el horizonte y el propio representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, ha reconocido ante el Congreso que el clima del sector energético mexicano está entre sus prioridades. Eso significa que la discusión dejó de ser una molestia recurrente y puede convertirse en una palanca concreta de presión bilateral.
México, sin embargo, no está completamente cerrado a las alianzas. La administración actual ha impulsado contratos mixtos y Pemex ya explora el yacimiento Trión junto con Woodside Energy, además de haber cerrado siete alianzas de este tipo en los últimos seis meses. Esa apertura parcial sugiere que el gobierno busca equilibrar control estatal con necesidad tecnológica y financiera, aunque sin renunciar a su línea política principal.
La noticia importa porque Estados Unidos presiona a México por su política energética en 2026 y eso puede influir en el tono completo de la renegociación comercial. Si el conflicto escala, no solo se discutirá energía. También se pondrá a prueba hasta dónde puede llegar México en su defensa de la soberanía sin pagar un costo mayor en inversión, certidumbre y relación bilateral.
