El Gobierno de México rechazó el informe emitido por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU al considerarlo “tendencioso, parcial y carente de rigor jurídico”, al no tomar en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Estado mexicano.
A través de un posicionamiento oficial, las autoridades señalaron que los argumentos del documento no coinciden ni con la definición de desaparición forzada establecida por el propio comité, ni con los avances institucionales logrados en el país desde 2019, particularmente a partir de 2025.
Cuestionan aplicación del mecanismo internacional
El gobierno mexicano subrayó que el procedimiento contemplado en la Convención Internacional está diseñado para contextos donde las desapariciones forzadas ocurren de manera sistemática y generalizada por parte del Estado, además de una negativa a investigar o cooperar.
En este sentido, enfatizó que dicho marco “no corresponde a la realidad del México actual”, al asegurar que se ha emprendido una transformación estructural en materia de búsqueda, investigación y atención a víctimas.
Informe se basa en periodos anteriores
El posicionamiento oficial también destacó que el informe del comité se centra principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, además de enfocarse únicamente en cuatro estados del país.
El Gobierno de México lamentó que el organismo internacional no haya considerado información actualizada presentada el pasado 27 de marzo, previo a la publicación de su resolución.
El propio Comité descarta política de Estado
De acuerdo con el documento oficial, el propio Comité reconoce en algunos apartados que no existen indicios de una política federal orientada a cometer desapariciones forzadas de manera sistemática o generalizada.
Para las autoridades mexicanas, este reconocimiento confirma que la situación actual del país es distinta a la de administraciones pasadas.
Señalan falta de rigor y posibles conflictos de interés
El Gobierno federal también cuestionó la solidez jurídica del informe, al señalar inconsistencias en la argumentación, así como interpretaciones consideradas “ligeras”, particularmente en relación con el Estatuto de Roma.
Además, acusó posibles conflictos de interés dentro del comité, al señalar que al menos uno de sus integrantes habría tenido vínculos con organizaciones que han presentado denuncias contra el Estado mexicano.
México rechaza tolerar desapariciones forzadas
En su postura, el Gobierno reiteró que no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas, y aseguró que se han impulsado reformas legislativas e institucionales en coordinación con colectivos de familiares de víctimas.
Reformas clave en materia de búsqueda e identificación
Como parte de estos avances, se destacaron las reformas aprobadas en julio de 2025, resultado de un proceso de diálogo con familiares de personas desaparecidas. Entre las principales acciones se encuentran:
- Activación de la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas
- Apertura obligatoria de carpetas de investigación desde el primer reporte
- Creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación
- Implementación de la Plataforma Única de Identidad
- Fortalecimiento de fiscalías especializadas en los estados
- Consolidación del Banco Nacional de Datos Forenses
- Reforzamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda
- Obligación de registros oficiales con datos mínimos de identificación
- Coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y la FGR
- Integración de comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda
México mantiene cooperación internacional
El Gobierno destacó que México mantiene una política de cooperación constante con organismos internacionales, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, lo que ha sido reconocido por diversas agencias.
No obstante, aclaró que el país está abierto a la cooperación técnica internacional, siempre y cuando se base en diagnósticos objetivos y acordes a la realidad actual.
Compromiso con verdad y justicia
Finalmente, el Gobierno de México reafirmó su compromiso con la erradicación de las desapariciones forzadas, el fortalecimiento de los mecanismos de búsqueda e identificación, así como la garantía de verdad y justicia para las víctimas y sus familias.
