La discusión económica de la semana en México giró alrededor de la nueva ley de inversión mixta para infraestructura estratégica. Tras su aprobación en el Senado, se abrió una disputa entre quienes sostienen que el ahorro para el retiro sigue protegido y quienes ven riesgos fiscales y de opacidad en el nuevo esquema.
Amafore afirmó que los recursos de las y los trabajadores no quedan liberados a un uso discrecional. Según esa postura, la legislación no cambia el marco básico de protección, ni vuelve obligatoria la inversión en proyectos de infraestructura, porque los límites regulatorios ya existían bajo supervisión de la CONSAR.
El punto técnico más importante es el porcentaje permitido. Desde octubre de 2024, la CONSAR elevó hasta 30% el límite en instrumentos estructurados ligados a infraestructura según la Siefore, pero el sector subraya que actualmente solo alrededor de 8% de los recursos está colocado en ese tipo de activos.
Del otro lado, Banamex advirtió que la nueva ley flexibiliza métricas fiscales y facilita esquemas fuera de balance, lo que podría traducirse en opacidad, pasivos contingentes y presión adicional sobre unas finanzas públicas que ya venían resentidas. El análisis recuerda además que la deuda pública pasó de 43.6% del PIB en 2018 a 53.2% en 2025.
La discusión no se limita al ahorro pensionario. También toca un problema más amplio, la falta de confianza del sector privado, porque el marco legal puede agilizar proyectos, pero no necesariamente corrige los factores institucionales que han frenado la inversión en años recientes.
En términos políticos y económicos, la ley deja un mensaje doble. El gobierno busca más instrumentos para detonar infraestructura y crecimiento, pero el costo del nuevo modelo será medido no solo por cuántas obras arranque, sino por si logra hacerlo sin comprometer transparencia, credibilidad fiscal y certidumbre para quienes ahorran para el retiro.
