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sábado 15 agosto, 2026
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Congreso de Puebla aprueba Plan B de reforma electoral

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En sesión extraordinaria, el Congreso del Estado de Puebla aprobó con 34 votos a favor, 6 en contra y cero abstenciones el Plan B de la reforma electoral impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La iniciativa fue avalada por la mayoría de Morena y sus aliados, en medio de críticas de la oposición, que acusó posibles afectaciones a la autonomía municipal y al equilibrio institucional.

¿Qué cambios contempla la reforma?

El dictamen aprobado establece medidas orientadas a la reducción del gasto público en los tres niveles de gobierno, entre las que destacan:

  • Un máximo de 15 regidurías por ayuntamiento
  • Límite del 0.7% del gasto total estatal para el presupuesto de los congresos locales
  • Reducción de salarios de funcionarios electorales, quienes no podrán ganar más que la titular del Ejecutivo federal
  • Eliminación de prestaciones como seguros médicos privados, de vida y pensiones financiadas con recursos públicos

Además, los ayuntamientos que actualmente tengan menos de 15 regidores deberán mantener su estructura, salvo cambios derivados del crecimiento poblacional.

Ahorro y destino de recursos

Durante la discusión, se destacó que los ahorros generados en los municipios deberán destinarse a obra pública, mientras que a nivel nacional se prevé una reducción gradual del 15% al presupuesto del Senado.

También se estableció que el Congreso del Estado de Puebla no podrá incrementar su presupuesto más allá de la inflación, aunque actualmente ya se encuentra por debajo del límite fijado.

Debate y posturas encontradas

Desde la oposición, legisladores del PAN y PRI señalaron que la reforma podría debilitar a las instituciones locales y reducir la representación política, especialmente en los cabildos.

Asimismo, cuestionaron la rapidez con la que se aprobó el dictamen y acusaron que responde a una agenda federal.

Por su parte, diputadas de Morena, PT y aliados defendieron la reforma al considerar que permitirá eliminar privilegios, generar ahorros y fortalecer el uso eficiente de los recursos públicos.

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