Las manifestaciones: ese noble ejercicio de “participación ciudadana” donde, curiosamente, participar implica fastidiar a quien no tiene absolutamente nada que ver con la causa.
Porque claro, si algo caracteriza a la lógica moderna, es pensar que bloquear una avenida, cerrar una autopista o impedir que miles de personas lleguen a su trabajo, escuela o cita médica es una forma brillante de generar empatía. Nada dice “lucha por la justicia” como arruinarle el día a terceros que ni votaron, ni decidieron, ni influyen en lo que estás reclamando.
Aquí es donde la cosa deja de ser romántica y entra en lo absurdo: el derecho a la manifestación se convierte en una especie de comodín para pisar otros derechos. Libre tránsito, trabajo, comercio, seguridad… todos negociables cuando alguien decide que su causa justifica el caos.
Porque muchas de estas protestas ya no buscan convencer, buscan imponer. Y cuando la presión consiste en tomar calles, carreteras o paralizar ciudades enteras, la línea es clara: de la protesta se pasa a la intimidación… y de ahí, con sorprendente facilidad, al delito.
Daño a propiedad ajena, vandalismo, bloqueos ilegales, afectaciones económicas… todo entra en la categoría de “daño colateral”. Total, no importa: alguien más paga. El comerciante, el ciudadano, el contribuyente. Siempre hay un tercero que absorbe el costo de esta supuesta lucha social.
Y cuando no hay capacidad de acordar ni con el gobierno ni con la sociedad, la fórmula se simplifica: si no te escuchan, destruye; si no te hacen caso, bloquea; si no funciona, escala. Es la versión más básica de presión: afectar a quien no tiene nada que ver hasta que alguien ceda.
Pero el actor más revelador en todo esto no es el manifestante, es el gobierno.
Ese que debería garantizar el orden y proteger derechos… pero que prefiere no intervenir. No por incapacidad, sino por cálculo. Aplicar la ley implica costo político, críticas, titulares incómodos. Y claro, es más rentable dejar que unos cuantos paralicen todo que asumir el desgaste de poner límites.
El resultado es predecible: impunidad.
Y la impunidad genera incentivo.
Manifestantes que saben que pueden ir más lejos cada vez
Autoridades que saben que no harán nada
Y ciudadanos que pagan el precio sin tener voz en el conflicto
Negocios cerrados, pérdidas económicas, servicios detenidos, emergencias retrasadas… pero tranquilos, todo es por una causa “justa”.
Y cuidado con disentir. Porque en ese ambiente, cuestionar no siempre es opción. La masa no negocia bien la crítica, y lo que empieza como presión colectiva puede transformarse rápidamente en hostilidad directa. No es difícil ver cómo alguien inconforme pasa de ser ignorado… a ser señalado.
Y ese es el fondo del problema: no es solo la protesta, es su evolución.
De la protesta a la intimidación.
De la intimidación al delito.
Y del delito… a la normalización.
Pero bueno, al menos todos sienten que “hicieron algo”. Aunque ese “algo” haya sido simplemente arruinarle el día —y a veces mucho más— a los demás.
