El Salvador frena compras de bitcoin con recursos públicos como parte de los compromisos asumidos dentro de su acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional. La nueva etapa incluye la transferencia de la propiedad mayoritaria y del control operativo de la billetera Chivo hacia un operador privado, mientras el Gobierno conservará una participación minoritaria y determinadas responsabilidades de custodia.
La medida forma parte de la segunda y tercera revisión del programa económico respaldado por el FMI. El acuerdo original tiene una duración de 40 meses y contempla alrededor de 1.4 mil millones de dólares en financiamiento. Si la nueva revisión recibe aprobación definitiva, El Salvador podrá acceder a otro desembolso cercano a 140 millones de dólares.
El cambio representa una nueva modificación del proyecto bitcoin impulsado por Nayib Bukele desde 2021. El país fue el primero del mundo en convertir la criptomoneda en moneda de curso legal, una decisión presentada entonces como un mecanismo para impulsar inclusión financiera, atraer inversiones y reducir costos en transferencias internacionales.
Sin embargo, las políticas fueron modificadas gradualmente conforme aumentaron las negociaciones con organismos financieros internacionales. A comienzos de 2026 ya se había retirado la obligación legal que acompañaba al bitcoin y se había reducido la participación pública en diferentes actividades relacionadas con la criptomoneda.
El nuevo compromiso establece que no se espera una acumulación adicional de bitcoin mediante recursos públicos. El FMI señaló que las adquisiciones observadas después de la primera revisión fueron explicadas mediante donaciones privadas documentadas y que no utilizaron dinero estatal. Hacia adelante, cualquier incremento debería limitarse a este tipo de aportaciones.
El Gobierno salvadoreño mantiene miles de bitcoins acumulados durante los últimos años. La información disponible sitúa el volumen por encima de 7 mil 700 unidades, con un valor que supera los 600 millones de dólares dependiendo del precio de mercado. La volatilidad significa que el valor puede cambiar considerablemente en periodos relativamente cortos.
La transferencia de Chivo busca reducir la participación directa del Estado en actividades comerciales relacionadas con criptomonedas. La billetera fue creada como una pieza central del experimento bitcoin y recibió recursos públicos para desarrollar infraestructura, cajeros y promociones destinadas a incentivar su utilización.
La adopción entre la población nunca alcanzó el nivel esperado inicialmente. Muchos ciudadanos descargaron la aplicación para recibir el incentivo ofrecido durante su lanzamiento, pero después dejaron de utilizarla regularmente. Las encuestas de aquellos años mostraron además una fuerte resistencia social a convertir bitcoin en una herramienta cotidiana de pagos.
Otro problema fue la transparencia. Durante años existieron dudas sobre el costo exacto de las compras, la ubicación contable de las reservas y los mecanismos utilizados para administrarlas. El nuevo programa exige mejorar precisamente la información relacionada con tenencias de criptomonedas y reforzar los mecanismos de gobernanza y gestión de riesgos.
El FMI considera que el programa económico salvadoreño está produciendo avances en otros frentes. La institución espera un crecimiento real cercano a 4.5% durante 2026 y señala mejoras en inversión, consumo, remesas y turismo. También identifica avances en la reducción de desequilibrios fiscales y externos.
A cambio del financiamiento, el Gobierno debe mantener una estrategia de consolidación fiscal y reducción de deuda. El objetivo establecido busca llevar la deuda pública hacia aproximadamente 80% del PIB para 2030. Esto requerirá controlar gastos, aumentar eficiencia tributaria y reformar diferentes áreas de la administración pública.
El programa incluye además reformas relacionadas con pensiones, transparencia y supervisión financiera. El bitcoin es solamente una parte de un acuerdo considerablemente más amplio. Sin embargo, recibe atención especial porque convirtió a El Salvador en un caso único dentro del sistema financiero internacional.
La decisión de que El Salvador frene compras de bitcoin no significa que el país abandone completamente las criptomonedas. El sector privado puede continuar utilizándolas y el Gobierno todavía conserva activos. La diferencia principal es que la exposición del Estado deberá quedar mucho más limitada y supervisada.
También será necesario conocer quién controla finalmente la operación privada de Chivo y bajo qué condiciones. La transparencia sobre el operador, la estructura de propiedad y las responsabilidades sobre activos de clientes será importante para evaluar si la transferencia realmente reduce los riesgos asociados con la participación estatal.
El episodio muestra la distancia entre la ambición inicial de 2021 y la política actual. El Salvador pasó de intentar incorporar bitcoin como pieza central de su sistema monetario a limitar progresivamente la participación pública para asegurar estabilidad financiera y acceso a financiamiento internacional.
Aun así, el resultado económico definitivo del experimento seguirá siendo objeto de debate. El valor de las reservas puede aumentar si bitcoin continúa subiendo, pero eso no elimina los costos, riesgos y problemas de transparencia acumulados durante años. La evaluación deberá considerar tanto rendimientos financieros como impacto real en inclusión, inversión y finanzas públicas.
El Salvador frena compras de bitcoin porque la prioridad inmediata ha cambiado. Mantener el acuerdo con el FMI, reducir deuda y fortalecer reservas financieras pesa ahora más que continuar aumentando la apuesta pública por la criptomoneda. El país que convirtió bitcoin en símbolo de su política económica está entrando en una etapa mucho más cautelosa respecto al papel que debe tener el Estado dentro de ese mercado.
