El debate sobre el uso de teléfonos celulares en las escuelas de educación básica se ha convertido en una de las discusiones educativas más importantes de los últimos años. La expansión de los dispositivos móviles entre niñas, niños y adolescentes ha modificado profundamente los procesos de aprendizaje, las dinámicas de socialización y la relación de los estudiantes con la información. Frente a ello, numerosos países han optado por establecer restricciones o prohibiciones parciales del uso de teléfonos inteligentes dentro de los planteles escolares. En México, la discusión adquirió especial relevancia durante 2026, cuando la Secretaría de Educación Pública (SEP) impulsó una consulta nacional y una serie de foros para definir una política educativa al respecto.
Al concluir los foros y la consulta realizada por la SEP, el gobierno mexicano rechazó la idea de una prohibición absoluta e inmediata a nivel nacional. En lugar de ello, decidió avanzar hacia un acuerdo nacional para regular el acceso y uso de celulares y pantallas en las escuelas. Dicho acuerdo, que incluirá el diálogo con autoridades educativas de las 32 entidades federativas, se concentrará en regular el acceso de teléfonos celulares a las escuelas, su uso dentro de las aulas, el uso de dispositivos digitales durante recreos y actividades escolares, la utilización pedagógica de tecnologías digitales y reglas diferenciadas según la edad y el nivel educativo.
Previamente, la SEP en las primeras semanas de septiembre había sugerido que hubiese restricciones muy severas para primaria y secundaria, que se contemplara el uso excepcional de dispositivos cuando existiera una justificación específica. También que se considerara la posibilidad de mantener los teléfonos guardados durante toda la jornada escolar y que hubiese mayor flexibilidad para bachillerato cuando los dispositivos tengan fines pedagógicos. Todo ello iría acompañado del impulso a una estrategia de ciudadanía digital responsable.
La propuesta de prohibir los celulares no prosperó primero porque México tiene un sistema educativo nacional, pero la prestación de los servicios educativos está descentralizada, de forma que los estados tienen capacidad de emitir lineamientos y regulaciones propias para sus sistemas escolares. Más aún, antes de que la SEP convocara a la consulta nacional, ya existían 18 entidades federativas con algún tipo de restricción o regulación respecto al uso de celulares en escuelas.
Además, en los foros impulsados por el gobierno federal se insistió en una idea central: el problema no es el teléfono como objeto tecnológico, sino el uso que se hace de él. Es decir, el reto es, fundamentalmente, construir una cultura de ciudadanía digital responsable. En otras palabras, se trata de que estudiantes y docentes se sumen a una concepción pedagógica moderna en la que resulta contradictorio que el sistema educativo promueva competencias digitales, alfabetización tecnológica e inteligencia artificial y, simultáneamente, regule el uso responsable de dispositivos digitales en el entorno escolar.
Lecciones del contexto internacional: del uso libre a la regulación
Durante la década de 2010 muchos sistemas educativos promovieron la incorporación de tecnologías digitales en las aulas bajo la premisa de que mejorarían el aprendizaje. Sin embargo, conforme aumentó la evidencia científica sobre los efectos de las pantallas y las redes sociales en menores de edad, diversos gobiernos comenzaron a replantear sus políticas.
La preocupación principal se centró en cuatro aspectos: la disminución de la atención durante las clases, el incremento del ciberacoso, los problemas de salud mental y la reducción de la interacción social presencial. Sobre este punto, se revisaron diversos estudios que mostraron que las interrupciones provocadas por los teléfonos celulares afectan el rendimiento académico y dificultan la concentración sostenida de los estudiantes. Asimismo, organismos como la UNESCO han advertido sobre la necesidad de evaluar críticamente la incorporación de tecnologías digitales en los entornos escolares.
Francia: uno de los casos más emblemáticos
Francia fue uno de los primeros países en adoptar medidas nacionales contundentes. En 2018 el gobierno francés impulsó una legislación que prohíbe el uso de teléfonos móviles en escuelas primarias y secundarias para estudiantes menores de 15 años. Los dispositivos pueden llevarse al plantel, pero deben permanecer apagados durante la jornada escolar.
El argumento central fue que la escuela debía recuperar su función como espacio de convivencia, atención y aprendizaje. Las autoridades francesas sostuvieron que el uso constante de teléfonos estaba afectando la capacidad de concentración y favoreciendo fenómenos como el ciberacoso.
Con el paso de los años, la medida se mantuvo y fue ampliamente respaldada por docentes y directivos escolares. Aunque algunos especialistas señalaron dificultades de implementación, la experiencia francesa se convirtió en una referencia para otros países europeos.
Reino Unido: restricciones crecientes
En Inglaterra las políticas han sido menos centralizadas, pero el gobierno británico ha recomendado de manera sistemática que las escuelas limiten o prohíban el uso de celulares durante el horario escolar. Miles de centros educativos adoptaron reglas que obligan a los alumnos a dejar sus teléfonos guardados o entregarlos al iniciar la jornada.
Las investigaciones realizadas en escuelas británicas mostraron mejoras en el ambiente escolar, disminución de distracciones y reducción de conflictos relacionados con redes sociales. Por ello, en los últimos años aumentó la presión para establecer restricciones más uniformes a nivel nacional.
Países Bajos: prohibición reciente
Los Países Bajos implementaron restricciones nacionales para limitar el uso de teléfonos móviles, tabletas y relojes inteligentes en las escuelas. La medida se fundamentó en la idea de que los dispositivos interfieren con el aprendizaje y afectan la capacidad de interacción social de los estudiantes.
Las excepciones están relacionadas principalmente con necesidades médicas o situaciones que requieren apoyos de accesibilidad. El caso neerlandés demuestra que incluso países altamente digitalizados consideran necesario establecer límites al uso de tecnología en contextos educativos.
Italia: restricciones progresivas
Italia también fortaleció en los últimos años las limitaciones al uso de teléfonos inteligentes en la educación básica. Las autoridades educativas italianas argumentaron que los celulares no pueden sustituir los procesos tradicionales de enseñanza ni convertirse en elementos permanentes dentro del aula.
La política italiana enfatiza que la digitalización debe estar subordinada a objetivos pedagógicos específicos y controlados por el profesorado. En consecuencia, los dispositivos pueden utilizarse únicamente cuando forman parte de una actividad educativa previamente autorizada.
Australia: una de las prohibiciones más estrictas
Australia constituye otro caso relevante. Diversos estados australianos implementaron prohibiciones generales para estudiantes de primaria y secundaria. Las autoridades educativas reportaron mejoras en la convivencia escolar, reducción de incidentes disciplinarios y mayor participación de los alumnos durante los recreos.
La experiencia australiana ha sido frecuentemente citada en el debate mexicano. De hecho, durante los foros organizados por el gobierno federal se mencionó a Australia como ejemplo de las medidas internacionales orientadas a proteger la salud mental de niñas, niños y adolescentes.
Estados Unidos: regulaciones estatales
A diferencia de Europa, Estados Unidos no cuenta con una política federal única. Sin embargo, numerosos estados y distritos escolares han adoptado restricciones al uso de teléfonos celulares.
Las reglas suelen variar entre escuelas. Algunas exigen que los dispositivos permanezcan guardados en mochilas; otras los almacenan en bolsas especiales selladas durante la jornada escolar. En general, el objetivo es minimizar distracciones y favorecer la interacción entre los estudiantes.
Cada vez más investigaciones estadounidenses han vinculado el uso intensivo de teléfonos inteligentes y redes sociales con aumentos de ansiedad, depresión y problemas de atención en adolescentes, lo que ha fortalecido las posiciones favorables a las restricciones.
¿Qué muestran los resultados internacionales?
Las experiencias internacionales permiten identificar varios patrones comunes.
Primero, prácticamente ningún país ha eliminado totalmente la tecnología de las escuelas. Las restricciones suelen concentrarse en el uso recreativo o no pedagógico de los dispositivos.
Segundo, la mayoría de las regulaciones permiten excepciones por motivos educativos, médicos o de emergencia.
Tercero, los gobiernos han justificado estas medidas no solo por razones académicas, sino también por preocupaciones relacionadas con la salud mental, la convivencia escolar y el desarrollo socioemocional.
Cuarto, los sistemas educativos más exitosos han combinado la restricción del uso de celulares con programas de alfabetización digital y ciudadanía digital.
Por ello, el debate contemporáneo ya no gira exclusivamente alrededor de la pregunta «¿prohibir o permitir?», sino sobre «cómo regular el uso responsable de la tecnología».
