La seguridad en Sinaloa volvió al centro de la agenda nacional durante la visita de Claudia Sheinbaum a Culiacán. La presidenta aseguró que las fuerzas federales permanecerán en el estado durante el tiempo que sea necesario para enfrentar la violencia provocada por el enfrentamiento entre grupos criminales.
Sinaloa atraviesa desde 2024 una crisis de seguridad relacionada con la división interna del Cártel de Sinaloa después de la captura de Ismael El Mayo Zambada. Las confrontaciones entre diferentes facciones han provocado miles de homicidios, desapariciones y episodios de violencia que han transformado la vida cotidiana de numerosas comunidades.
El Gobierno federal ha desplegado cerca de 20 mil integrantes del Ejército, Guardia Nacional, Marina y otras corporaciones para intentar recuperar el control territorial. La presencia incluye patrullajes, operativos especiales e investigaciones contra estructuras criminales.
La seguridad en Sinaloa también se ha convertido en un asunto político. La salida de Rubén Rocha Moya del Gobierno estatal y las acusaciones procedentes de Estados Unidos sobre supuestos vínculos con organizaciones criminales han aumentado las tensiones alrededor de la entidad.
Durante su visita Sheinbaum reiteró su respaldo a la gobernadora interina Graciela Domínguez. También anunció que integrantes del gabinete federal acudirán al estado para desarrollar acciones en diferentes áreas y no únicamente mediante fuerzas de seguridad.
La presidenta sostuvo que una paz duradera necesita políticas sociales, oportunidades económicas y acceso a derechos. Su planteamiento busca combinar operativos contra grupos criminales con programas dirigidos especialmente a jóvenes y comunidades afectadas por la violencia.
El mensaje apareció pocos días después de una movilización ciudadana en Culiacán donde miles de personas exigieron recuperar la tranquilidad. La demanda de seguridad se ha convertido en una presión constante para autoridades estatales y federales después de dos años de enfrentamientos.
Sheinbaum también volvió a pronunciarse contra cualquier intervención extranjera. Durante el acto afirmó que la injerencia desde otros países no resuelve los problemas de seguridad y puede generar mayores niveles de violencia.
La presidenta defendió en cambio un modelo basado en soberanía y cooperación internacional. México acepta colaboración con Estados Unidos en inteligencia, combate al tráfico de drogas y control de armas, pero el Gobierno insiste en que las operaciones dentro del territorio deben permanecer bajo autoridad mexicana.
Este punto ha adquirido mayor importancia después de diferentes episodios relacionados con la actuación estadounidense contra dirigentes criminales mexicanos. La captura de Zambada continúa siendo utilizada por el Gobierno como ejemplo de los riesgos que pueden generarse cuando existen operaciones que México considera irregulares.
La crisis sinaloense también tiene consecuencias económicas. Comercios han tenido que reducir horarios, familias han modificado sus actividades y diferentes sectores productivos enfrentan problemas causados por bloqueos, amenazas y episodios violentos.
El Gobierno busca ahora demostrar que puede estabilizar la región sin depender exclusivamente de operativos militares. Por ello los anuncios incluyen programas sociales, apoyo al campo y presencia de diferentes secretarías federales en el estado.
Sin embargo, los resultados serán medidos principalmente mediante indicadores que afectan directamente a la población. Reducir homicidios, desapariciones, extorsiones y enfrentamientos será fundamental para recuperar la confianza de quienes viven en las zonas más afectadas.
La seguridad en Sinaloa también tendrá importancia política durante 2027, cuando el estado participe en un proceso electoral dentro de un contexto particularmente complejo. La capacidad del Gobierno para reducir la violencia puede influir en la percepción ciudadana mucho antes de que comiencen formalmente las campañas.
El desafío permanece abierto. Mantener miles de elementos federales puede contener determinadas expresiones de violencia, pero la recuperación de una estabilidad duradera dependerá también de investigaciones, funcionamiento de las instituciones locales y reducción de la capacidad económica de los grupos criminales.
