La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó temporalmente a los estados utilizar la base de datos federal SAVE para verificar la elegibilidad de personas inscritas en los padrones electorales, mientras continúa el litigio sobre el alcance y la legalidad del programa.
La decisión representa un revés para una resolución judicial que había bloqueado el uso de la herramienta impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump, dentro de sus esfuerzos para identificar a personas que no cumplen con los requisitos de ciudadanía para votar.
Los tres jueces liberales del máximo tribunal —Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor— expresaron su desacuerdo con la decisión.
El uso de SAVE será voluntario
El programa Systematic Alien Verification for Entitlements (SAVE) es administrado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y permite consultar información federal relacionada con ciudadanía y estatus migratorio.
La resolución de la Corte Suprema deja en suspenso, por ahora, la decisión de una jueza federal que había determinado que la versión ampliada de SAVE utilizada por el gobierno violaba disposiciones legales y podía generar riesgos para la privacidad y para votantes elegibles.
Sin embargo, la autorización no implica que los estados estén obligados a utilizar la base de datos.
Además, una disposición de la legislación electoral federal conocida como “quiet period” limita las modificaciones sistemáticas a los padrones durante los 90 días previos a una elección federal, por lo que el alcance inmediato de la decisión podría ser reducido de cara a las elecciones de medio término de noviembre.
Advierten sobre posibles errores en los registros
La jueza Ketanji Brown Jackson, en su opinión disidente, señaló que el uso de la base de datos puede generar errores y afectar a ciudadanos que cumplen con los requisitos para votar.
Entre los casos citados durante el litigio está el del condado de Travis, Texas, donde autoridades revisaron a 97 personas identificadas por SAVE como posibles no ciudadanos. Según los datos presentados ante el tribunal, al menos 10 por ciento de ellas —y posiblemente hasta 21 por ciento— eran ciudadanos estadounidenses.
Los críticos del programa han advertido que este tipo de discrepancias podría provocar que votantes elegibles sean cuestionados o retirados de los padrones de manera incorrecta.
Trump busca ampliar verificaciones electorales
El gobierno de Trump ha impulsado diversas medidas para incrementar las verificaciones sobre ciudadanía y elegibilidad electoral. Varias de ellas han enfrentado impugnaciones judiciales debido a que la Constitución estadounidense asigna a los estados y al Congreso facultades centrales en la administración de las elecciones.
El voto de personas que no son ciudadanos estadounidenses ya está prohibido por la legislación federal. Sin embargo, investigaciones han señalado que este tipo de participación es poco frecuente.
La decisión de la Corte Suprema sobre SAVE se produce mientras los estados se preparan para las elecciones de medio término de noviembre, en las que se renovarán cargos federales y estatales en Estados Unidos.
