La senadora por Puebla Liz Sánchez respaldó, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la reforma constitucional que plantea establecer el requisito de nacionalidad mexicana única para quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Durante su posicionamiento, la legisladora sostuvo que la propuesta no elimina la doble nacionalidad ni modifica la nacionalidad mexicana de las personas que cuentan con ella, sino que establece un requisito específico para quienes busquen ocupar determinados cargos del Poder Ejecutivo.
Liz Sánchez: la reforma no elimina la doble nacionalidad
Liz Sánchez afirmó que las personas mexicanas que también cuentan con otra nacionalidad conservarán ese derecho.
“La doble nacionalidad seguirá reconocida para las mexicanas y los mexicanos que viven aquí o en el extranjero”, señaló.
La senadora agregó que la reforma tampoco desconoce a las familias binacionales ni los vínculos de las comunidades mexicanas que viven fuera del país.
Su posicionamiento se dio durante la discusión en el Senado del dictamen que propone modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer la nacionalidad única como requisito para ejercer la titularidad de los Poderes Ejecutivos federal y locales.
Un requisito dirigido a quienes aspiren a cargos ejecutivos
La legisladora del PT argumentó que quienes ocupen estos cargos tienen bajo su responsabilidad decisiones relacionadas con seguridad, recursos públicos, política interior y relaciones internacionales.
“Quien gobierne debe ejercer esa responsabilidad con una sola nacionalidad y con una prioridad por encima de cualquier otra: México”, expresó.
Sánchez señaló que, de aprobarse la reforma, será necesario realizar adecuaciones a la Ley de Nacionalidad y a la legislación electoral para establecer los mecanismos mediante los cuales las personas aspirantes puedan acreditar el cumplimiento del nuevo requisito.
Aplicación a partir de 2028
La senadora informó que se contempla que las nuevas disposiciones puedan aplicarse a partir del proceso electoral de 2028, sin afectar a quienes ya ocupen esos cargos al momento de la entrada en vigor de la reforma.
El planteamiento ha generado posiciones encontradas en el Senado. Legisladores del PAN han manifestado su rechazo al considerar que la medida podría afectar los derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad, mientras que quienes respaldan el dictamen sostienen que se trata de establecer condiciones específicas para el ejercicio de los Poderes Ejecutivos.
“México y su pueblo primero”
Al fijar la postura del PT, Liz Sánchez sostuvo que el requisito busca establecer un vínculo jurídico único para quienes aspiren a encabezar el Poder Ejecutivo.
“Quien aspire a gobernar debe poner los intereses de México y de su pueblo primero”, afirmó.
La reforma continúa su proceso legislativo y deberá completar las etapas correspondientes antes de determinarse su entrada en vigor.
