Senado aprueba requisito de nacionalidad única como una nueva condición constitucional para quienes pretendan ocupar algunos de los principales cargos ejecutivos del país. El proyecto obtuvo la mayoría calificada necesaria durante la sesión celebrada el 29 de septiembre y ahora deberá continuar su proceso ante los congresos estatales.
La reforma fue aprobada con 86 votos a favor y 42 en contra, sin abstenciones. Los cambios modifican los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución relacionados con la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México.
El nuevo requisito establece que quienes aspiren a estos cargos deberán ser mexicanos por nacimiento y no tener ni adquirir otra nacionalidad. Una persona que cuente actualmente con una segunda ciudadanía tendría que renunciar formalmente a ella antes de solicitar su registro electoral.
Además, el aspirante deberá acreditar que el vínculo jurídico con el otro Estado terminó efectivamente. La intención es evitar que quien encabece un Poder Ejecutivo pueda recurrir simultáneamente a derechos políticos o protección diplomática de otro país.
Senado aprueba requisito de nacionalidad única después de un debate en el que oficialismo y oposición presentaron posiciones muy diferentes sobre soberanía y derechos políticos. Quienes apoyaron la medida argumentaron que dirigir un Poder Ejecutivo requiere una relación jurídica exclusiva con México.
Los legisladores favorables insistieron en que la reforma no elimina la doble nacionalidad para la población mexicana en general. Millones de personas podrán conservar una segunda nacionalidad, pero existiría una excepción para quienes aspiren a encabezar determinados gobiernos.
Durante el ejercicio del cargo tampoco estaría permitido solicitar otra ciudadanía, utilizar documentos oficiales expedidos por otro país para ejercer derechos derivados de esa nacionalidad o pedir protección diplomática extranjera. Estas restricciones buscan mantener una relación jurídica exclusiva durante el periodo de gobierno.
La oposición cuestionó la propuesta debido a sus posibles efectos sobre mexicanos que viven en el extranjero. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano señalaron que millones de personas construyeron su vida entre México y otros países y que muchas adquirieron una segunda nacionalidad por razones familiares, laborales o migratorias.
Uno de los principales argumentos críticos es que tener dos nacionalidades no significa necesariamente mantener lealtades políticas contradictorias. También se señaló que obligar a renunciar a una ciudadanía puede convertirse en una barrera adicional para mexicanos que deseen regresar al país y participar en la vida política.
El debate tiene especial relevancia para las comunidades mexicanas establecidas en Estados Unidos. Durante décadas, México ha promovido una relación cercana con sus ciudadanos en el exterior y ha reconocido la importancia económica y social que tienen para el país.
Las remesas, las organizaciones de migrantes y la participación política desde el extranjero han aumentado la presencia de estas comunidades dentro de la vida nacional. Por esa razón, cualquier modificación relacionada con la doble nacionalidad genera una discusión que va más allá de los candidatos presidenciales.
Senado aprueba requisito de nacionalidad única mientras la reforma todavía debe superar una etapa constitucional fundamental. Debido a que modifica la Constitución, necesita el respaldo de la mayoría de las legislaturas de las 32 entidades federativas antes de que pueda avanzar hacia su publicación.
Esto significa que la aprobación del Senado no convierte automáticamente el proyecto en una regla vigente. Los congresos estatales deberán analizar y votar la minuta durante las próximas semanas.
Si obtiene las ratificaciones necesarias, el Congreso deberá realizar posteriormente cambios en la Ley de Nacionalidad y en la legislación electoral. Las entidades federativas también tendrán que adaptar sus propias constituciones y normas electorales.
El proyecto contempla un plazo de 90 días naturales para realizar diferentes adecuaciones legislativas después de su entrada en vigor. La implementación puede generar modificaciones importantes en los requisitos utilizados por autoridades electorales para registrar candidatos.
Otro punto importante es que la reforma no afectaría a quienes ya ocupen actualmente alguno de los cargos señalados. Su aplicación está prevista a partir del proceso electoral de 2028 si concluye satisfactoriamente todo el procedimiento constitucional.
La medida podría modificar el perfil de futuros aspirantes. Políticos mexicanos nacidos en otros países o que adquirieron una segunda ciudadanía tendrían que tomar una decisión definitiva antes de competir por uno de estos cargos.
El tema también puede abrir discusiones jurídicas sobre igualdad política y derechos de los mexicanos en el exterior. Aunque la reforma establece una excepción limitada, sus críticos consideran que crea diferentes condiciones de acceso a puestos públicos entre ciudadanos mexicanos.
Sus defensores responden que no se trata de limitar la ciudadanía, sino de imponer una condición especial a quienes tendrán responsabilidad sobre seguridad, relaciones exteriores, presupuesto y administración pública.
Senado aprueba requisito de nacionalidad única y coloca el debate sobre ciudadanía, soberanía y representación política dentro de la agenda nacional. Las votaciones de los congresos estatales serán ahora determinantes para conocer si la propuesta completa su camino constitucional y comienza a aplicarse en las elecciones de 2028.
