La violencia de pandillas en Haití ha dejado al menos 5 mil 700 personas muertas o heridas entre el inicio de 2026 y el 11 de septiembre, de acuerdo con el nuevo balance presentado por Naciones Unidas.
La cifra incluye víctimas provocadas directamente por grupos criminales y personas afectadas durante operaciones realizadas contra esas organizaciones.
La ONU advierte además que las cifras reales probablemente son superiores porque muchas zonas permanecen fuera del alcance normal de autoridades y organismos internacionales.
La crisis de seguridad haitiana se ha deteriorado durante varios años y actualmente condiciona prácticamente todos los aspectos de la vida nacional.
Las pandillas controlan amplias áreas y mantienen influencia sobre carreteras, barrios, rutas comerciales e infraestructura estratégica.
La violencia de pandillas en Haití también ha generado más de 230 secuestros documentados durante el periodo analizado.
Los secuestros se utilizan para obtener dinero, presionar a familias y financiar estructuras criminales.
La cifra real también puede ser superior debido a que numerosas víctimas prefieren no denunciar por temor a represalias o porque sus familiares negocian directamente con los grupos responsables.
Otro dato especialmente grave está relacionado con la violencia sexual.
Naciones Unidas documentó al menos mil mujeres y niñas víctimas de violaciones durante el periodo analizado. El organismo considera nuevamente que la cantidad real puede ser mucho mayor.
La violencia sexual puede utilizarse como una herramienta para controlar comunidades, intimidar familias y castigar zonas consideradas vinculadas con grupos rivales.
Las víctimas enfrentan además enormes dificultades para recibir atención médica, protección psicológica o acceso a la justicia.
La violencia de pandillas en Haití afecta especialmente a barrios donde la presencia institucional prácticamente ha desaparecido.
En numerosas zonas, servicios como escuelas, hospitales, transporte y comercio funcionan de manera irregular debido al riesgo de ataques.
La falta de seguridad también aumenta desplazamientos internos.
Familias completas abandonan sus hogares para buscar refugio en zonas consideradas menos peligrosas, aunque muchas terminan en asentamientos con servicios muy limitados.
La crisis también se ha extendido fuera de Puerto Príncipe.
Diferentes grupos criminales han aumentado su presencia en regiones rurales y rutas que conectan la capital con otras partes del país.
Esta expansión dificulta todavía más la distribución de alimentos y productos esenciales.
El control de carreteras permite a las pandillas instalar puntos de extorsión y decidir qué vehículos pueden circular.
La ONU considera que la fuerza internacional destinada a apoyar la seguridad todavía se encuentra muy por debajo del tamaño necesario.
La misión fue creada para reforzar las capacidades de las fuerzas haitianas y ayudar a recuperar territorios controlados por organizaciones criminales.
Sin embargo, disponer de suficientes efectivos, vehículos, equipos y financiamiento continúa siendo un problema.
La violencia de pandillas en Haití también plantea dudas sobre los métodos utilizados para combatir a estos grupos.
Más de la mitad de algunas víctimas documentadas durante operaciones de seguridad habrían resultado afectadas en acciones contra pandillas, incluidos civiles alcanzados por balas o explosivos.
Esto demuestra que aumentar la fuerza militar o policial no garantiza automáticamente una reducción de daños para la población.
Las operaciones necesitan sistemas de inteligencia suficientes para distinguir objetivos y disminuir riesgos para civiles.
El reclutamiento de menores representa otro problema grave.
Estimaciones citadas por Naciones Unidas señalan que una parte considerable de los integrantes de las pandillas puede estar formada por niños y adolescentes.
La pobreza, el desplazamiento y la ausencia de oportunidades convierten a muchos menores en objetivos fáciles para organizaciones criminales.
Algunos son utilizados como vigilantes, mensajeros o combatientes.
La crisis política contribuye a mantener el problema.
Haití ha atravesado años de inestabilidad institucional y dificultades para construir autoridades con legitimidad suficiente para controlar todo el territorio.
Sin instituciones capaces de garantizar servicios y seguridad, los grupos armados encuentran espacios donde pueden sustituir parcialmente al Estado.
La violencia de pandillas en Haití también tiene consecuencias regionales.
La inseguridad impulsa migración hacia otros países del Caribe y hacia América del Norte, lo que convierte la situación en un problema que supera las fronteras nacionales.
El tráfico de armas representa otro elemento fundamental.
Los grupos criminales cuentan con armamento que en muchos casos supera el equipamiento disponible para algunos cuerpos policiales.
Reducir ese flujo requiere cooperación internacional y mejores controles sobre rutas marítimas y comerciales.
La ONU insiste en que recuperar seguridad debe combinarse con protección de derechos humanos.
Una respuesta basada únicamente en operaciones armadas puede reducir temporalmente la presencia de determinadas pandillas, pero no resuelve las condiciones políticas y económicas que facilitan su expansión.
La violencia de pandillas en Haití llega así a niveles que mantienen al país dentro de una emergencia prolongada.
Los 5 mil 700 muertos o heridos documentados representan solamente una parte de una crisis que también incluye secuestros, violencia sexual, desplazamiento y colapso de servicios públicos.
El desafío inmediato será aumentar la capacidad de protección de la población sin generar nuevas víctimas durante las operaciones.
A largo plazo, Haití necesitará recuperar instituciones, economía, educación y confianza pública para impedir que las pandillas continúen ocupando el espacio dejado por el Estado.
