La iniciativa “Ley Juego Limpio” plantea castigos de hasta 12 años de cárcel para quienes manipulen competencias mediante beneficios indebidos, amenazas, violencia o chantaje.
El diputado federal José Antonio López Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), presentó la iniciativa denominada “Ley Juego Limpio”, con la que busca establecer delitos específicos y sanciones penales contra el amaño de partidos y otras prácticas de corrupción en el deporte mexicano.
La propuesta contempla reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Cultura Física y Deporte para prevenir, detectar y castigar la manipulación de competencias, así como fortalecer los mecanismos de vigilancia en federaciones, ligas y clubes.
Durante la presentación, el legislador explicó que el amaño deportivo no se limita a acordar quién gana o pierde un encuentro. También puede incluir acciones deliberadas, como provocar un penalti, recibir una tarjeta amarilla, permitir determinado número de goles o perder un set, con el propósito de obtener beneficios económicos, particularmente a través de apuestas deportivas.
“En México, los partidos deben ganarse o perderse en la cancha, no mediante dinero, apuestas, amenazas o acuerdos por debajo de la mesa”, expresó López Ruiz.
¿Qué penas propone la Ley Juego Limpio?
La iniciativa plantea incorporar al Código Penal Federal un nuevo título denominado “Delitos contra la Integridad de las Competiciones Deportivas”, integrado por los artículos 430 al 438.
Entre las principales sanciones propuestas se encuentran:
- De 3 a 8 años de prisión: para quienes soliciten, acepten, ofrezcan o entreguen beneficios indebidos a cambio de manipular una competencia deportiva.
- De 5 a 12 años de prisión: para quienes recurran a la violencia, las amenazas o el chantaje para obligar o intentar obligar a una persona a alterar el desarrollo de una competencia.
- De 2 a 6 años de prisión: para determinadas conductas relacionadas con apuestas indebidas y el uso de información privilegiada.
El proyecto también contempla multas e inhabilitaciones, además de agravantes para ciertos casos en los que participen directivos, árbitros u organizaciones de personas. De acuerdo con lo expuesto por el diputado, las penas se duplicarían cuando se involucre o utilice a menores de edad.
Antecedentes de amaño en el futbol mexicano
López Ruiz señaló que la manipulación de partidos ya ha generado sanciones en el deporte nacional. Como antecedente, mencionó que en febrero de 2025 la Federación Mexicana de Futbol sancionó a siete jugadores de Real Apodaca y Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas por conductas relacionadas con el amaño de encuentros, con un acumulado de 57 años de suspensión.
Asimismo, refirió que para septiembre de ese año se habían investigado 15 clubes, 21 partidos y 60 jugadores, cifras que, sostuvo, muestran la necesidad de contar con herramientas legales específicas para atender estas prácticas.
El legislador argumentó que las sanciones deportivas deben complementarse con consecuencias penales cuando las conductas constituyan delitos, a fin de proteger la credibilidad de las competencias y evitar que los resultados se definan mediante acuerdos ajenos al desempeño de los participantes.
Prevención y reparación del daño
La propuesta no se limita a establecer penas de prisión. También contempla la reparación integral del daño para deportistas, equipos, clubes y organizaciones que resulten afectados por la manipulación de competencias.
En materia preventiva, las reformas a la Ley General de Cultura Física y Deporte buscan fortalecer las acciones de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), así como establecer mecanismos internos para detectar y prevenir irregularidades en federaciones, ligas y clubes.
López Ruiz aclaró que la iniciativa no pretende prohibir las apuestas legales ni perjudicar a los deportistas que compiten de manera honesta, sino sancionar a quienes utilicen el deporte para obtener beneficios indebidos mediante la corrupción.
El diputado sostuvo que el objetivo es proteger la confianza de los aficionados y garantizar que los resultados respondan al desempeño de los competidores. La iniciativa deberá seguir el proceso legislativo correspondiente antes de que sus disposiciones puedan entrar en vigor.






